El Observatorio Estatal para la Dependencia sitúa en 17.457 las personas que esperan valoración o prestación en las Islas, donde el 20,4% de los solicitantes permanece pendiente de algún trámite

Canarias ha reducido durante los cinco primeros meses de 2026 su lista de espera de la dependencia en un 20,7%, una de las mayores bajadas del conjunto del Estado. Sin embargo, el Archipiélago continúa entre los territorios con mayor porcentaje de personas pendientes de algún trámite dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con datos oficiales cerrados a 31 de mayo.

El informe cifra en 17.457 las personas que permanecen en Canarias a la espera de valoración o de recibir una prestación o servicio ya reconocido. En términos relativos, el 20,4% de los solicitantes continúa pendiente de algún procedimiento, el porcentaje más alto del país, por delante de Cataluña, con el 18,8%, y Murcia, con el 18,3%.

La evolución del Archipiélago muestra, por tanto, una doble lectura. Por un lado, Canarias ha logrado reducir de forma significativa el volumen de personas en espera durante el arranque del año. Por otro, sigue soportando una bolsa de desatención muy elevada en relación con el número total de solicitantes.

Una mejora relevante, pero insuficiente

El Observatorio destaca que Canarias se encuentra entre las comunidades que más han disminuido la lista de espera entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, con una caída del 20,7%. También figura entre los territorios que más han reducido los tiempos medios de tramitación, con 95 días menos respecto al inicio del ejercicio.

Aun así, el tiempo medio de espera en las Islas se sitúa todavía en 335 días, muy por encima de los 180 días que establece la Ley como plazo máximo para resolver un expediente y garantizar el acceso efectivo a la prestación o servicio correspondiente.

La cifra coloca a Canarias entre los territorios con mayores demoras administrativas, junto a Murcia, Andalucía, Asturias y Madrid. El dato refleja que la mejora producida en los últimos meses no ha sido suficiente para situar al sistema dentro de los márgenes legales ni para normalizar el acceso a los derechos reconocidos.

Más personas atendidas, más presión sobre el sistema

El informe también señala que Canarias ha registrado uno de los mayores incrementos del país en personas beneficiarias con prestación durante los primeros meses de 2026, con un aumento del 22%. Además, las personas con derecho reconocido han crecido un 9,1%, uno de los avances más destacados del conjunto autonómico.

Estos datos apuntan a un sistema que está ampliando cobertura y acelerando parte de su actividad administrativa, pero que continúa arrastrando una demanda acumulada difícil de absorber.

El problema no se limita a cuántas personas entran en el sistema, sino a la capacidad real para valorar, resolver y asignar apoyos suficientes en tiempo adecuado. La dependencia no admite demoras neutras: cada mes de espera afecta a personas mayores, personas con discapacidad, familias cuidadoras y entornos domésticos que sostienen situaciones de alta fragilidad.

El país suma 265.460 personas en espera

En el conjunto de España, la lista de espera de la dependencia ha aumentado en 7.293 personas durante los cinco primeros meses de 2026, hasta alcanzar las 265.460 personas pendientes de valoración o de prestación.

De ellas, 110.108 están a la espera de ser valoradas, lo que representa el 41,5% del total, mientras que 155.352 ya tienen reconocido el derecho a una prestación o servicio, pero todavía no lo reciben.

El Observatorio advierte además de que 13.503 personas fallecieron entre enero y mayo mientras permanecían en las listas de espera. De ellas, 6.940 estaban pendientes de valoración y 6.563 aguardaban la prestación o servicio que les correspondía. La media estatal equivale a 90 fallecimientos diarios, uno cada 16 minutos.

Un sistema tensionado tras el fin del refuerzo presupuestario

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales vincula la ralentización del sistema a la falta de continuidad del incremento extraordinario de 600 millones de euros anuales que contempló el Plan de Choque durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

El informe sostiene que la ausencia de ese refuerzo presupuestario en los últimos años está afectando tanto a la capacidad de reducir las listas de espera como a la intensidad de las prestaciones y servicios.

Aunque el número de personas atendidas sigue creciendo, el Observatorio alerta de que una parte importante del incremento se está produciendo a través de recursos de menor coste, como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia. Esta tendencia consolida, según la entidad, un modelo de atención de baja intensidad que no siempre responde a las necesidades reales de las personas en situación de dependencia.

Canarias ante el reto de transformar la mejora en derecho efectivo

El caso canario muestra con claridad la complejidad del momento actual. La reducción de la lista de espera y de los tiempos de tramitación supone un avance relevante, pero la posición del Archipiélago en el conjunto nacional obliga a mantener la alerta.

Con una de cada cinco personas solicitantes pendiente de algún trámite, Canarias sigue necesitando reforzar la valoración, agilizar la resolución de expedientes y garantizar que las prestaciones reconocidas se traduzcan en apoyos reales.

La dependencia constituye uno de los principales desafíos sociales de las Islas por su relación directa con el envejecimiento, la discapacidad, la soledad no deseada, la sobrecarga familiar y la sostenibilidad del sistema de cuidados.

Veinte años después, un derecho todavía incompleto

El informe recuerda que la Ley de Dependencia cumple dos décadas con avances indiscutibles, pero también con importantes déficits de aplicación.

En estos años, alrededor de cuatro millones de personas han recibido atención en España, mientras que casi un millón habrían fallecido en listas de espera desde el inicio del sistema, según las estimaciones del Observatorio.

La entidad insiste en que el reto ya no puede medirse únicamente por el aumento de beneficiarios. La prioridad debe situarse en reducir los tiempos de espera, reforzar la financiación, simplificar los trámites y garantizar prestaciones suficientes, compatibles y adaptadas a las necesidades reales de cada persona.

En Canarias, esa tarea resulta especialmente urgente. La mejora registrada en 2026 abre una vía de avance, pero los datos siguen mostrando una brecha considerable entre el derecho reconocido por la Ley y el acceso efectivo a los cuidados.