La reforma estatal en tramitación exonera de estas deducciones al nuevo Grado III+, mientras Canarias solicita extender la medida a los grados I, II y III y garantizar financiación estatal suficiente

El Gobierno de Canarias ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que suprima para todos los grados de dependencia las deducciones que actualmente reducen las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cuando la persona beneficiaria percibe determinadas ayudas públicas de naturaleza semejante. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha trasladado la petición al ministro Pablo Bustinduy mediante una carta en la que reclama modificar el artículo 31 de la Ley de Dependencia y acompañar la ampliación de derechos con financiación estatal.

La legislación vigente establece que determinadas prestaciones deben descontarse de las ayudas económicas reconocidas por dependencia. Entre ellas figuran el complemento de gran incapacidad, la asignación por hijo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75 %, el complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de incapacidad no contributiva y el antiguo subsidio de ayuda a tercera persona.

El efecto práctico es que una persona puede obtener el reconocimiento de una prestación del SAAD y recibir finalmente una cuantía inferior porque parte de ese importe queda absorbido por otro apoyo que ya percibía.

«Cuando la cuantía reconocida por el Sistema se reduce por la percepción previa de alguna de las prestaciones contempladas en el artículo 31, el reconocimiento de un nuevo derecho en el ámbito de la dependencia no se traduce íntegramente en un incremento de los recursos disponibles para atender las necesidades reales de cuidados y apoyo», sostiene Delgado.

La reforma estatal abre una excepción para el Grado III+

La reclamación llega mientras el Senado tramita la reforma de las leyes estatales de discapacidad y dependencia aprobada previamente por el Congreso. El proyecto fue remitido a la Cámara Alta el 20 de julio y continúa actualmente entre las leyes en tramitación.

El texto plantea mantener el sistema general de deducciones del artículo 31, pero introduce una excepción para las personas que tengan reconocido el nuevo Grado III+ de dependencia extrema. Para ellas, las prestaciones de naturaleza análoga dejarían de minorar la ayuda económica del SAAD.

Canarias considera insuficiente limitar esa compatibilidad al grado de mayor intensidad y reclama aplicarla también a las personas con grados I, II y III.

El argumento de la Consejería parte de que las necesidades económicas vinculadas a la dependencia exceden con frecuencia el coste cubierto por una única ayuda. Atención personal, productos de apoyo, adaptaciones en la vivienda, movilidad, supervisión, acompañamiento o permanencia en el domicilio pueden acumular gastos aunque la persona se encuentre en un grado inferior al III+.

«Las personas en situación de dependencia afrontan necesidades que exceden con frecuencia lo que cubre una sola prestación», señala Delgado, que vincula la eliminación de las deducciones con una mayor capacidad de las familias para financiar los apoyos cotidianos.

El proyecto estatal elimina las deducciones para el Grado III+, mientras Canarias reclama que la compatibilidad alcance también a los grados I, II y III.

Canarias reclama que el Estado financie la ampliación

La propuesta introduce además el debate sobre quién debe asumir el coste de eliminar esas minoraciones.

Canarias pide que cualquier modificación vaya acompañada de una memoria económica y de financiación estatal suficiente para evitar que el incremento de las prestaciones termine soportado exclusivamente por las comunidades autónomas.

«Consideramos igualmente necesario que su incorporación vaya acompañada de la correspondiente evaluación económica y de una previsión suficiente de financiación, de forma que la ampliación de derechos pueda hacerse efectiva sin trasladar de manera exclusiva a las comunidades autónomas el coste derivado de la modificación», recoge la carta remitida al Ministerio.

La cuestión financiera figura también en la reforma estatal. El texto enviado al Senado establece que los cambios en el catálogo de prestaciones y servicios deberán ir acompañados de memoria económica y plantea que la financiación sea discutida en el Consejo Territorial. Además, incorpora el objetivo de que el Estado garantice una aportación equivalente al 50 % del gasto certificado por las comunidades autónomas en el ejercicio anterior.

Canarias sustituye autorizaciones por declaraciones responsables

La reclamación estatal coincide con otro cambio en el sistema canario de servicios sociales. El Boletín Oficial de Canarias publicó el 14 de agosto un decreto ley que modifica la Ley de Servicios Sociales y comienza a sustituir el régimen previo de autorización de determinados centros y servicios por un sistema basado en la declaración responsable. La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Las entidades deberán declarar que cumplen los requisitos exigidos para iniciar su actividad y continuarán sometidas posteriormente a actuaciones de comprobación, inspección, control y evaluación. Cuando corresponda, deberán disponer además de la acreditación administrativa vinculada a los requisitos de calidad.

La modificación amplía asimismo la capacidad de la Administración autonómica para crear, financiar u organizar plazas y recursos de atención residencial, centros de día, centros de noche y otros servicios cuando existan insuficiencias de oferta, demoras en el acceso, situaciones de urgencia social, necesidades de continuidad asistencial o desequilibrios territoriales.

Son dos reformas diferentes que confluyen sobre el mismo problema. Canarias pretende agilizar la incorporación de recursos a su red de servicios mientras reclama al Estado que la cuantía económica reconocida por dependencia llegue íntegramente a las personas beneficiarias, con independencia de otros apoyos públicos que ya perciban.

La decisión final sobre las deducciones dependerá ahora de la tramitación parlamentaria de la reforma estatal. El punto de discrepancia queda delimitado con claridad: la propuesta actualmente en el Senado protege de la minoración al Grado III+ y Canarias pide convertir esa excepción en una regla aplicable a todo el sistema.